Este artículo aborda lo ocurrido el 9 de febrero de 2024, cuando dos guardias civiles murieron y otros dos resultaron heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz). Al respecto, nuestro compañero Antonio Cervantes analiza la legislación aplicable cuando un ser humano acaba con la vida de otro, explicando las perspectivas penales del suceso a la vez que destaca la importancia de garantizar la seguridad de los agentes y de tomar medidas políticas al respecto.
Esperamos que sea de vuestro interés.