Como consecuencia del panorama político actual, en el seno del Congreso parece haberse normalizado que los diputados señalen con asiduidad a miembros del Poder Judicial, acusándoles abiertamente de prevaricar sin que estas declaraciones puedan tener una consecuencia aparente para sus autores en virtud de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Nuestro compañero Antonio Cervantes realiza un análisis de la regulación actual de la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria, así como la doctrina constitucional que existe al respecto, para comprobar si realmente puede o no exigirse responsabilidad penal en estos casos.
Esperamos que sea de vuestro interés.