El citado Auto es significativo porque recoge la posición doctrinal más moderna, que deja atrás la concepción tradicional de la causalidad sobre bases exclusivamente naturales, introduciendo consideraciones jurídicas y siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia, es decir, que sólo el tipo penal y la finalidad de la norma correspondiente pueden decidir qué clase de vinculación entre resultado y conducta debe requerirse para que sea relevante para el Derecho Penal.

De esta forma, la mera constatación de dicha causalidad natural no es suficiente para la atribución del resultado, ya que, en cuanto comprobada la misma, se requiere además verificar que a) la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y que b) el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Nos encontramos, por tanto, ante dos condicionantes complementarios de la causalidad natural que deben concurrir simultáneamente, pues en caso contrario se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el Derecho penal.

Así, respecto del primer requisito, señala la resolución que nos ocupa que “la creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado”.

Por su parte, el segundo requisito, exige que “el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la ¨autopuesta en peligro¨ o ¨principio de la propia responsabilidad¨”.

En este último supuesto, se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción del peligro causado por la conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva en el mismo, tal y como ocurrió en el asunto analizado, en el que, conforme a los postulados indicados, se concluyó que no existían indicios bastantes de la concurrencia de los elementos que configuran el delito contra los derechos de los trabajadores, ya que en palabras del propio Auto “no basta la idoneidad lesiva en abstracto de la conducta empresarial, al tratarse de un delito de peligro concreto grave, no de mera actividad, sino de resultado, al que deben aplicarse las reglas de causalidad y de imputación jurídica a efectos de establecer la existencia de relación causa-efecto entre la conducta de peligro y el resultado que provoca”.

 Pamela Olivos Reyes. Abogada.